Expertos de la Universidad de Chile presentan evidencia en discusión sobre el SAE en Cámara de Diputadas y Diputados
El investigador responsable del proyecto FONDECYT Regular N°1250492, Cristian Cabalin, y el académico del IE-CIAE, Patricio Rodríguez, expusieron ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se debatió el proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El pasado jueves 9 de julio, los académicos e investigadores del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) y del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Cristian Cabalin y Patricio Rodríguez, plantearon los altos costos y los efectos que traerían consigo las modificaciones propuestas por Gobierno al Sistema de Admisión Escolar (SAE), actualmente discutidas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, que crearía dos mecanismos de admisión: el proceso de Asignación Aleatoria (AA) y la Elección Mutua (EM).
Los expertos, quienes integraron la Mesa Técnica del SAE convocada por el Ministerio de Educación en 2025, recomendaron “mantener un sistema integrado, perfeccionarlo conforme al consenso técnico y consolidar los avances en la reducción de la segregación”. Entre las recomendaciones dadas por el grupo de especialistas de la Mesa figuran nuevos criterios de priorización obligatorios en el proceso de asignación de escuelas, el fortalecimiento de los proyectos educativos y la mejora de la usabilidad y la legitimidad del sistema.
“Se ha dicho que todas las familias no quieren el SAE, pero hay familias que sí lo valoran, como las de niños y niñas con necesidades educativas especiales, ya que el SAE ha evitado que experimenten discriminación en el proceso de postulación”, destacó Cristian Cabalin, investigador responsable del proyecto FONDECYT Regular N°1250492 y también profesor asociado de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En esa línea, ahondó en los resultados de investigaciones sobre el SAE y su proceso comunicacional: “Por ejemplo, las familias que tienen más dificultades para acceder a la información tienen una percepción más negativa del SAE”, por lo que una de las claves es mejorar los procesos de información asociados al Sistema.
“Todas estas mejoras al SAE son cambios rigurosos para no afectar la calidad de esta política pública, en busca de una educación mejor y más equitativa para niños y niñas”. indicó Cabalin.
Junto a ello, los académicos indicaron que el proyecto no soluciona el problema de fondo: la falta de establecimientos de calidad, que constituye la principal fuente de frustración para las familias. “No propone políticas de mejora de establecimientos en los territorios o niveles con mayor sobredemanda, simplemente entrega a algunos un privilegio para escoger a sus estudiantes con una definición muy amplia”, precisó Rodríguez. En ese sentido, añadió que “sin aumentar la oferta de calidad, con cualquier sistema, se concentrarán postulaciones en pocos colegios: actualmente el 90,2% postula entre sus tres preferencias a un establecimiento con sobredemanda y por tanto cualquiera sea el sistema, sin aumentar la oferta de calidad, siempre tendremos el mismo problema”.
En la presentación ante la Comisión, los expertos señalaron que este proyecto de ley fragmenta el sistema y genera altos costos económicos y sociales para las familias y el país, lo que incrementa la ineficacia y la burocracia. Rodríguez recalca que se “introducen métodos discriminatorios y prohibidos en países de la OCDE y no se soluciona el problema de fondo: la falta de oferta educativa de calidad”. En esa línea, remarcaron que mecanismos como las entrevistas están prohibidos en varios países de la OCDE, entre ellos Estados Unidos, España, Finlandia, Francia y el Reino Unido.Además, advierten los expertos, las entrevistas requieren tiempo y dinero. Según su cálculo, si se consideran solo los colegios con sobredemanda, deberían realizarse 852 mil entrevistas. “Tomando en cuenta 3 horas de dedicación para el proceso completo –incluyendo el viaje de ida y vuelta al colegio– y a un costo de valor hora según el salario mínimo, estas entrevistas costarían al país 9 millones de dólares. Este sería un impuesto a las mujeres trabajadoras, ya que ellas toman el 80% de las decisiones respecto del hogar”, explicó Rodríguez.
El proyecto de ley fue despachado por la Comisión de Educación de la Cámara este 30 de julio a su par de Hacienda, tras aprobar la propuesta y rechazar las indicaciones que buscaban prohibir el uso de entrevistas y evaluaciones como criterio de selección.